Señorías,
no quiero empezar esta intervención sin hacer justa mención a que fue durante
la segunda república, ese período democrático que la derecha se niega a
recordar, cuando gracias a la labor de Federica Montseny, ministra de Sanidad y
Asistencia Social, y a la presión de muchas mujeres dispuestas a exigir el
derecho a decidir, cuando se aprobó el primer proyecto de ley de regulación de
la interrupción voluntaria del embarazo. Pero duró poco, duró poco, porque el
franquismo la derogó para volver a someter a las mujeres al dedo inquisidor del
nacionalcatolicismo. Tuvo que morir el dictador en la cama y llegar hasta bien
entrados los años ochenta para que pudiéramos volver a hablar de regular esta
situación. Tuvo que pasar casi medio siglo para que las mujeres dejáramos de
ser tratadas como criminales o delincuentes por querer ser dueñas de nuestro
propio cuerpo y nuestra propia vida.
Y
ahora vuelven a ser los mismos principios esenciales que acabaron con esa
primera norma, los de los sectores más ultras del catolicismo arropados por el
Partido Popular, los que vuelven a querer ingerir en las decisiones vitales de
las mujeres. Sin embargo, no podemos errar en el análisis de por qué sucede
esto. Porque, señorías, el fundamentalismo antiabortista es relativamente
nuevo, no tiene ni cien años, y la iglesia no siempre ha sido tan tajante con
esta prohibición, porque para la iglesia durante siglos el aborto nunca fue un
problema especialmente grave hasta el siglo XIX con el papa noveno.
¿Qué
ocurrió entonces? Pues el análisis es sencillo. Hasta ese momento a las mujeres
nos habían tenido sometidas suficientemente a través de la sociedad, la cultura
y las leyes. Pero el aumento de los movimientos feministas empezaba a ser un
serio peligro.
Señorías,
el problema no es el aborto, nunca lo fue. El problema es que las mujeres sobre
todo a partir del siglo XIX empezamos a poner peligrosamente en cuestión el
lugar en el mundo al que se nos había relegado. Las mujeres exigíamos decidir y
que nadie decidiera por nosotras, con una fuerza colectiva completamente
desconocida hasta ese momento. Y la Iglesia católica, tal y como haría en el
franquismo, se dio cuenta. Y aprovechó un nuevo filón discursivo con el que
volver a apretarnos el nudo y devolvernos al lugar que nos correspondía, el de
la sumisión ante lo que quiera Dios que sea, incluyendo la muerte, como ha
sucedido en esos países donde permiten que gobierne la religión en vez de una
sociedad. Dicen que apoyan la vida, pero sus leyes y sus votos están detrás de
las leyes que desahucian o que generan un apartheid sanitario. Reformas
laborales que desprotegen verdaderamente y todavía más a las trabajadoras.
Y
ahora desde Madrid sus compañeros y compañeras quieren impulsar una nueva ley
que acabe con la ley de plazos que está vigente y que entra en coherencia con
el sistema democrático de derechos y libertades de nuestro entorno, para
cambiarla por una penalización de este derecho mucho más restrictiva que la de
1985 en la que se eliminarían supuestos.
Porque,
señorías, en pleno siglo XXI es incuestionable para un estado de derecho
democrático -y cito- que el aborto es un derecho que supone la libertad de las
mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, que tiene que ser respetada, y los
gobiernos tienen la obligación de garantizar que esta práctica sea accesible y
segura.
Y lo
que les acabo de citar no es precisamente una cita de Federica Montseny, es un
dictado de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa de 2008. Abrir un
resquicio a una reforma que pueda hacer retroceder esta ley es abrir la puerta
a consecuencias dramáticas para las mujeres en nuestra sociedad; es abrir la
puerta a la posible imagen de mujeres citadas en comisaría o sentadas en el
banquillo de los acusados; es abrir la puerta nuevamente a los viajes a Londres
para quien pueda permitírselo o a la necesidad de suplicar que se diagnostiquen
enfermedades psicológicas o, aún peor, como ya les he dicho, la dramática y
demasiadas veces mortal realidad de los abortos clandestinos.
Miren,
señorías, la situación es tan grave y preocupante que ni siquiera ustedes en el
Partido Popular se ponen de acuerdo, incluso ustedes, algunos, se han echado la
mano a la cabeza cuando han visto que los sectores del crucifijo de la Mesa de
Les Corts tomaban las riendas de este tema en Madrid.
Sé que
muchos y muchas de ustedes, más de los que se atreverán a decirlo, se
escandalizan con las amenazas del señor Gallardón, algo que ya de por sí es
sintomático de lo que nos espera, porque es bastante esclarecedor que sea el
ministro de Justicia y no la ministra de Sanidad la que se encargue de una
reforma de una ley que se enmarca en una norma por los derechos de la salud,
sexual y reproductiva.
Sin
embargo, como decía el artista, El Roto, el Partido Popular, ustedes o una
parte de ustedes, lo que busca con este debate es volver a convertir los
pecados en delito, porque es el pecado lo que importa, porque su lema se reduce
a ¿aborto? No, por supuesto, pero de educación sexual ni hablamos. Porque,
señorías, reitero, es mentira que una ley restrictiva evite abortos.
El
derecho a la interrupción de su embarazo es uno de los pocos derechos a los que
les garantizo que ninguna mujer queremos tener que enfrentarnos, porque
reprimiendo, multando, criminalizando, apuntando con el dedo, coaccionando,
asustando y obligando, no se reducirá el número de abortos, se reducirá el
número en las estadísticas oficiales. Pero las dramáticas consecuencias de
convertir en crimen la libertad dejarán de ser historia para ser presente,
volverán a ser invisibles, pero serán. Porque los abortos se seguirán
practicando, pero con grandes riesgos para la mujer. Y, por supuesto, digan lo
que digan, la situación será más grave para las mujeres más pobres, para las
mujeres de menos recursos, porque todos y todas sabemos que no todas las
mujeres que lo decidan podrán pagarse el billete a Londres.
En El
Salvador, a una mujer llamada Beatriz se le negó el derecho a abortar
padeciendo una grave insuficiencia renal y estando embarazada de un feto sin
cerebro. El estado y la iglesia han tomado la decisión por ella y la han
condenado. Más cerca aún, en Irlanda, una mujer murió hace unos meses por la
misma situación. Y me dirán que aquí no estamos así. Está claro, ahora mismo
aún no estamos en esa situación, pero una contrarreforma que pone en cuestión
el valor de nuestra vida, qué derecho tenemos a decidir sobre nuestro propio
cuerpo o quién decide por nosotras, abre la veda a que un día esta historia no
se dé al otro lado del charco sino que se dé en nuestra propia casa y el peligro
de que pueda ser así está cada vez más cerca.
Sin
embargo, si nos preocupa, y nos preocupa, el elevado número de abortos veamos
lo que ocurre en esos países con las tasas menos elevadas, como en Holanda,
tienen la tasa más baja de abortos debido a que se rigen por una ley de aborto
no restrictiva, dentro de un marco responsable que incluye educación sexual
universal en las escuelas y servicios de planificación familiar de fácil acceso
y el acceso a anticonceptivos de emergencia. De los 29.200 abortos realizados
allí en 1997, la tasa de complicaciones para los tratamientos de primer
trimestre fue de 0,3, con ninguna muerte resultante.
Pero,
sin embargo, el ministro prefiere viajar al pasado, a pesar de que las leyes de
aborto restrictivas violen los derechos humanos de las mujeres, basados, por
ejemplo, en acuerdos, como el de la Conferencia internacional sobre población y
desarrollo en El Cairo, la IV Conferencia mundial sobre mujeres en Beijing y la
Declaración de los derechos humanos de las Naciones Unidas, en sus artículos 1,
3, 12, 19, 27.1.
Porque
si no tenemos bastante con que el señor Gallardón anteponga los derechos de la
mayoría, las presiones del obispo de Alcalá para ganar puntos dentro del
partido, tenemos que aguantar que reconozca que la reforma es ideológica,
porque tenemos un ministro de Justicia que cree que su creencia religiosa debe
de determinar las leyes que rigen la vida de las personas, cambiando el Código
civil y la Constitución por la Biblia. También
tenemos que aguantar que el ministro del Interior nos compare con terroristas o
que desde el mismo partido se considere que el analfabetismo es causa directa
de la toma de esta decisión.
Pues,
miren, señorías, ni terroristas, ni analfabetas, ni criminales, ni sumisas.
Somos personas que toman una decisión sobre su propia vida, sobre su propio
cuerpo, sobre su existencia. Y nunca menores de edad eternas sobre las que
ustedes tengan que decidir. Nosotras, cada una de las mujeres, todas y cada una
de nosotras queremos decidir y que nadie decida por nosotras.
Mire,
me voy a dirigir a ustedes, señoras del Partido Popular, voten a favor de esta
propuesta, rebélense y sean coherentes con el puesto que ocupan en este
parlamento, que es a costa de la lucha de muchísimas mujeres que dieron su vida
por defender que un día todas nosotras tuviéramos los mismos derechos que los
hombres, entre ellos el de que un día ustedes estuvieran aquí sentadas o, si
no, les recomiendo que pueden hacer como Celia Villalobos y ausentarse durante
la votación. Es un gesto cobarde, pero es un gesto barato, solo les costará 400
euros de la amonestación de su propio partido.
Reflexionen,
señorías. Si quieren realmente apoyar el derecho a la maternidad acaben con la
emergencia social existente, analicen y solucionen el gravísimo impacto de
género de sus políticas, fomenten la educación sexual y garanticen una atención
sanitaria universal y gratuita, porque les confirmo: ¡¡nosotras parimos,
nosotras decidimos!!
Réplica
Pues,
sí, señoría, lo tenemos bastante claro, ustedes defienden los derechos y las
libertades, por eso tuvimos que tragarnos ese recurso al Constitucional para
acabar con el matrimonio igualitario y que no fuera una realidad.¡Exacto!
Estamos
convencidos, hechos son amores y no grandes razones, tiene usted toda, toda la
razón. Por eso, yo me limito a leerle lo que -no, no sé quién, tenga un poquito
de respeto, al menos usted, que es su ministro, el ministro Gallardón- dijo el
25 de enero de 2012 en su comparecencia en el Congreso de los Diputados
literalmente: «Vamos, por tanto, a reformar la Ley orgánica de 3 de marzo de
2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo, que fue aprobada en la anterior legislatura sin consenso y con la
opinión desfavorable de los órganos consultivos. Les quiero decir de forma muy
esquemática pero muy rotunda que para esa propuesta de reforma, que
tramitaremos -insisto- ante la comisión de justicia -nada que ver con sanidad-
como tradicionalmente -con la excepción última- se ha venido realizando en el Congreso
de los Diputados, nos inspiraremos en la doctrina ya definida por el Tribunal
Constitucional cuando tuvo ocasión y obligación de pronunciarse sobre la
primera ley que regulaba el aborto.» Es decir que, todavía, la intención del
ministro es agravar aún más la ley de 1985 de los supuestos, avalándose en ese
recurso al Constitucional que, por cierto, tuvo mucho que ver ahí su padre.
Por
tanto, señorías, ¡claro que tenemos razones!, y no solamente esa comparecencia
del Congreso de los Diputados, sino que, también, las amenazas que
constantemente están saliendo de la boca de personas que deberían de medir sus
palabras para no ofender y tener un respeto a la mitad de la población
española, las mujeres, como hizo el ministerio de Interior o como -se me ha olvidado
antes- hizo el ministro Gallardón diciendo que una mujer no es mujer del todo
hasta que no es madre.
Por
tanto, creo que, ante esas amenazas, es obligación de las mujeres que
defendemos la igualdad que vengamos hoy aquí, a las instituciones parlamentarias
y democráticas, para pedir que no vamos a tolerar una contrarreforma
restrictiva en la que peligre no solamente nuestro derecho a decidir sobre
nuestro cuerpo, sino, incluso, que peligre el derecho a una vida digna de
muchísimas mujeres.
Por
tanto, señorías, ¡claro que ha lugar!, ha lugar, y, además, ustedes aquí han
demostrado esa división interna que hay en el Partido Popular trayendo aquí a
la señora Alicia de Miguel, cuando es la portavoz de sanidad, mientras que en
el gobierno no está hablando la ministra de sanidad de este tema, lo está
haciendo el señor Gallardón. Por tanto, yo la felicito por haber subido aquí
defendiendo algo que yo creo que no se llega a creer -como ya he puesto antes
de manifiesto.
Por
eso, las invito, señoras del Partido Popular, ¡revélense!, revélense porque, si
no, van a ser rehenes de sus propias políticas, si esas políticas y esa
contrarreforma al final llega a aprobarse. No creo que ni se llegue a aprobar
porque, ¿saben?, va a haber un colectivo en la calle, que es el de las mujeres,
las mujeres feministas, es decir, las mujeres que luchan por la igualdad, las
que no vamos a tolerar ningún paso atrás en esta ley que lo que garantiza no es
el derecho al aborto, es el derecho a decidir.
Y les
he dicho antes, ninguna de nosotras quieren tener que enfrentarse a que se le
pueda garantizar ese derecho, pero todas tenemos derecho a decidir libremente
sobre nuestro propio cuerpo. Y no van a venir ustedes, después de tantos años
de represión, a volver a decirnos qué es lo que tenemos que hacer.
Por
tanto, señorías, ¡claro que ha lugar!, otra cosa es que ustedes tengan
vergüenza ahora, a la hora de votar en contra, porque va en contra de muchas de
sus conciencias, estoy absolutamente segura. Pero, hoy, de nuevo, ganará el crucifijo
de la Mesa de Les Corts contra la razón y la libertad democrática.
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