1.- Derecho a decidir libremente por parte de las mujeres y a recibir asistencia sanitaria en la red pública y que se realice como una prestación sanitaria más.
2.- Regular la objeción de conciencia de modo que ningún centro público y/o concertado pueda verse afectado por el derecho al mismo.
3.- Establecimiento de protocolos sencillos de atención.
4.- Diseñar políticas públicas en materia de prevención.
5.- Incorporar una educación afectivo-sexual al currículum escolar dirigido tanto al profesorado como a la población adolescente.
6.- Despenalización del aborto en el Código Penal, salvo que se realice en contra de la voluntad de la mujer.
Garantizar el acceso a todos los métodos anticonceptivos en condiciones de igualdad para todas las personas, para lo que deben considerarse dos planos inseparables:
A) Económico: Todos los métodos anticonceptivos deben recibir el mismo tratamiento económico que el resto de medicación financiado por el sistema público de salud, contemplándose la graatuidad para aquellos casos en situación más vulnerable. Se debe establecer un precio social que suponga la extensión máxima de su uso.
B) Geográfico: Elaboración de protocolos comunes de actuación sobre estas cuestiones:
- Formación dirigida a profesionales del ámbito social y sanitario de Atención Primaria y Especializada.
- Elaboración de una proposición de ley que desarrolle los derechos sexuales y reproductivos.
- La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en las 24 primeras semanas debe tener plena cobertura en la sanidad pública.
- La no necesidad de consentimiento materno/paterno para las jóvenes a partir de los 16 años.
También queremos denunciar la falta de ética y coherencia de los grupos antielección, mal llamados pro-vida y de la jerarquía eclesiástica, que lejos de colaborar social y políticamente para que el número de abortos no se duplique como en la última década que ha pasado del 5,5% al 11,49%, fundamentalmente debido a:. La inexistencia de una intervención educativa-sexual adecuada.
La falta de recursos específicos para la atención a la sexualidad, la gran mayoría de los medios anticonceptivos no están financiados por el sistema público. Además no se receta la anticoncepción de emergencia en un gran número de Centros y Hospitales públicos, con grandes diferencias también entre CC.AA.
Asimísmo, queremos denunciar el juego enmascarado en el discurso de los grupos antielección, que atenta contra la igualdad y el derecho de las mujeres a decidir.
Exigimos al Gobierno que no titubee ni escuche las posturas de este calado y deje de financiar a la Iglesia, y que practique la democracia participativa y considere al movimiento feminista como digno portavoz de la igualdad y equidad entre mujeres y hombres.
Para finalizar, manifestamos nuestro rotundo apoyo a todas las mujeres que se autoinculpan dentro de la campaña que el movimiento feminista puso en marcha, así como a todas las iniciativas y acciones parten de este movimiento para seguir avanzando en el camino hacia la igualdad.
Valencia, Abril 2009
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